Para lograr

La meta deseada

El sector inmobiliario se ha visto impulsado por las políticas aplicadas en la Ley de Protección al Deudor Hipotecario, conforme a la cual tenemos unas bajas tasas de interés, subsidios a los compradores y tasas reales negativas, tasas por debajo de la inflación. Pero todo esto no es así de fácil, la Cartera Hipotecaria Obligatoria Bruta a diciembre de 2007 fue de 102.437.618 BsF, de los cuales tienen que destinar el 10% para el sector de la construcción de viviendas, que es de 10.243.762 BsF, y estos se tienen que dividir en 40% para la construcción o corto plazo y 60% para la compra o largo plazo. Del porcentaje del corto plazo, 50% va al grupo fa­miliar con nivel de ingresos hasta 550 unida-des tributarias y el otro 50% desde 55 U.T. hasta 150 U.T., y por el lado del largo plazo 40% para los ingresos hasta 150 U.T. y 60% para ingresos desde 150 U.T. hasta 500 U.T, lo que permitiría lograr para 2008 unas 94.000 viviendas, cifra inferior a la meta pro-puesta a largo plazo que debe ser mínimo 200.000 viviendas por año. Lo ideal al igual que otros países, es que el Gobierno Nacional, también aportara un porcentaje importante de su presupuesto, para lograr la meta deseada.

El otro factor que está directamente relacionado con la construcción de viviendas es el clima político que vivimos día. a día, donde vemos que las amenazas sobre la propiedad privada son cada día mayores, invasiones, ex-propiaciones, inseguridad personal y jurídica, etc., lo cual hace que los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, no quieran invertir en nuestro país. Ejemplo de ello es la compra, por parte del Gobierno Nacional, de empresas cementeras, que por cierto están operativas al 100% abasteciendo el país. Con el dinero invertido en la compra de esas empresas se podrán construir 36.667 soluciones habitacionales, y generar a su vez unos 220.000 empleos directos. Penosamente vivimos en un país inflacionario, entre 1950 y 1979 Venezuela competía. Esas empresas se podrían construir 36.667 soluciones habitacionales, y generar a su vez unos 220.000 empleos directos. Penosamente vivimos en un país inflaciona­rio, entre 1950 y 1979 Venezuela competía con los países de primer orden a nivel mun­dial en inflación y PIB, 3.5% de inflación y 5.8% PIB, superando a países como Alema­nia y Suiza, y muy por encima de los países de nuestro continente como Colombia, Ar­gentina, Brasil y Chile, muy contrario a lo que nos está ocurriendo en la actualidad, ve­mos que la inflación anual acumulada en nuestro país está por encima del 30%, la de nuestros vecinos es muy inferior: Colombia 7.18%, Chile 9.5%, Uruguay 8.42% y Perú 5.71%. Está demostrado que son los pobres o las personas con menores ingresos los que pagan una inflación alta. Esta situación ha creado que los costos de los insumos de la construcción se incrementen y por ende el costo de las viviendas. Para remate de lo an­terior, la regulación de los precios de mate­riales o insumos, por parte del Gobierno Nacional, lejos de favorecer la adquisición de los mismos ha creado escasez, todo ello aunado a la falta de mano de obra especializada en el sector construcción, cosa que también pasa en todos los sectores productivos del país. Las trabas por parte de las autoridades para la obtención de la permisología necesaria para  la ejecución de los proyectos urbanísticos, el requerimiento de consignación de una misma documentación innumerables veces ante un mismo organismo, el pago de los ser­vicios autónomos de Notarías y Registros In­mobiliarios sólo en bancos del Estado y la solicitud de la acreditación técnica (estudio de impacto ambiental) por parte del Minis­terio del Poder Popular para el Ambiente bosándose en el decreto N° 1.257, del 13-03-96, Gaceta Oficial N° 35.946, que en su artí­culo 6, ordinal 9 claramente dispone que só­lo única para desarrollos a ubicarse fuera de áreas urbanas, pero es solicitado para todos los desarrollos, hace que los tiempos de eje­cución de los programas de viviendas se re­trasen sustancialmente, lo cual afecta negati­vamente no sólo al promotor, sino también al comprador. Lo que se quiere es construir más y mejores viviendas, lograr no sólo construir viviendas sino también hogares. Lograr acciones conjuntas gobierno y em­presa privada que estimulen de manera ade­cuada la solución del grave problema habitacional, la inversión por parte del estado en las empresas productoras de insumos naciona­les, en lugar de invertir y construir en otros países, lo cual sin duda alguna aumentaría la productividad del sector. Si logramos liberar al sector construcción de estas trabas, segura­mente podremos: Tener la vivienda que aspi­ramos!.

Tomado del Diario El Carabobeño